Diputados de varias corrientes, desde Enoé Uranga del PRD, hasta César Augusto Santiago del PRI, se han dado a la tarea de defender el laicismo en nuestro país mediante algunas reformas en la que el PAN es el gran ausente. El propósito de estos diputados es tratar de detener la andanada de derecha y el involucramiento de la Iglesia, que acecha por todas partes al país, en asuntos públicos.

Yo soy de los que creen que una ley, por el simple hecho de ser promulgada, no detiene la realidad o la cambia; pero cumple el papel de dotar de un marco que define y aclara qué lugar le queda o le toca a cada quien.

Han pasado 15 años desde aquella reforma que otorgó derechos a los prelados religiosos. El resultado es lamentable. La Iglesia católica, de poco en poco, ha traído de nuevo sus viejas discusiones a la palestra pública. Y, no contenta con extremar de nuevo disputas superadas, se ha salido del púlpito, el único lugar permitido por la ley para externar sus opiniones, para presionar legisladores e impulsar su agenda.

A propósito de su animadversión sobre temas como los matrimonios entre personas del mismo sexo o la presión ejercida, para que en 17 estados de la República se hayan declarado a favor de la vida (sic), como si alguien estuviera en contra de ella, y han cambiado la Constitución local con reformas irrisorias y mal hechas. El peso de la Iglesia se siente y pone en peligro nuestro estado laico: lo cual no significa más que la ley nos permita pensar como mejor nos parezca y no estar obligados a hacerlo conforme a los dictados de una iglesia en particular.

En otras ocasiones, he dicho lo fútil, infantil y provincial de la discusión traída por la Iglesia. En materia del aborto, por ejemplo, lo que la ley propone es la no punibilidad de una mujer, cuando ésta decide no tener el producto de una relación. Que la ley no imponga castigo a una mujer que ha decidido no tener a su hijo dentro de un tiempo limitado, no obliga a que todas las mujeres usen la ley. Es decir: la ley está escrita, pero no significa que todas las mujeres deban usarla.

En los matrimonios entre personas del mismo sexo, opera lo mismo. Que exista la ley y se permita el matrimonio, no significa que todo el mundo deba usarla. Ahí está escrita, pero es letra útil para quien quiera usarla y no obligación para todo el mundo. ¿En qué molesta a la Iglesia la libertad de personas y minorías? La cuestión es francamente incomprensible.

Las reformas son las siguientes:

El artículo 40 de la Constitución diría, de ahora en adelante: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En el Artículo 115, diría: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, laico, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre…

Y el 130, diría: Los principios históricos de laicidad y de separación del Estado y las iglesias, orientan las normas contenidas en el presente artículo.

El Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas y, en consecuencia, de los actos que de ésta se deriven. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares; así como la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones o creencias.

El Estado no podrá establecer ningún tipo de privilegio a favor de iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna

Las autoridades federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios deberán guiar su actuación respetando y salvaguardando en todo momento, el principio de laicidad; la separación entre asuntos políticos y religiosos; entre aquellos relativos al Estado y las iglesias y, entre creencias personales y función pública. El incumplimiento de esta obligación conllevará responsabilidad en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y las demás que establezcan las leyes.

Así el esfuerzo de estos diputados por defender la laicidad y la libertad en nuestro país. Ya veremos cómo acaba esta disputa.

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