Punto de Acuerdo:

Desde el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le dotó de autonomía, para que su fuerza no tuviera más origen que el que directamente le diera el respaldo de un alto compromiso ciudadano, de una autoridad moral a prueba de todo, con la voluntad política suficiente y demostrada para no achicarse y para no depender de los poderes fácticos que están fuera de la ley y del escrutinio público, para mantenerse ajenas a las pugnas de los partidos políticos y poniendo siempre por delante de todo el interés y la protección de los derechos humanos de los habitantes del país a la altura de que demanda modernidad y en armonía con los tratados internacionales.

Para nadie es ajeno que en materia de derechos humanos, el país transita por una de sus crisis más profundas. Cerca de quince mil ejecuciones motivadas por los operativos militares y policíacos con su secuela de impunidad, además de los cientos de feminicidios y casos de trata de personas, penalizaciones a mujeres por decidir sobre su cuerpo, inmovilismo cómplice ante las incitaciones al odio de ciertas jerarquías eclesiásticas y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos son sólo algunos de los temas de una agenda y de un panorama desolador que nos hablan de un profundo quiebre en el tejido social.

Lamentablemente la gestión del antecesor inmediato, Dr. José Luis Soberanes Fernández no sólo no dio el ancho, sino que se quedó muy corta en el cumplimiento de su responsabilidad, e incluso, llegó al extremo de ser cómplice activo de serios atentados contra los derechos humanos de las mujeres tanto que, muchas veces sin justificación, buscó ampararse en su presunta interpretación del principio de legalidad y en un ficticio índice de aceptación de la tarea de la CNDH por parte de los quejosos. Dicha gestión se distinguió por su letargo burocrático, su complicidad con el ejecutivo, en la que destaca la Acción de Inconstitucionalidad, presentada sin consultar a su Consejo Consultivo de la CNDH, por el propio Presidente de la misma ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación contra las reformas para la despenalización del aborto en el D.F.

Todo ello, sería parte de un pasado a superarse por la administración actual de la CNDH, si no fuera por las declaraciones del actual presidente de dicha comisión quien se reivindica a si mismo, y así es efectivamente, como el símbolo del continuismo en la administración de Soberanes en la CNDH. El actual encargado de defender los derechos humanos en el país fue elegido para el cargo “de panzazo”; fue necesario repetir la votación en el Senado para juntar apenas los votos mínimos necesarios para ser electo.

Tal falta de consenso respecto a la elección de un Ombudsman contrasta fuertemente con los elementos de legitimidad que se requieren para atestiguar que son firmes los pasos para conformar un sistema institucional que permita dejar atrás un lastre de impunidad, una lamentable cultura de desigualdad y violencia que nos distingue en el mundo, para erradicar los estigmas, los prejuicios, las fobias originadas en la ignorancia y la manipulación, para sustentar la anhelada democracia en una moral basada en valores cívicos como son el respeto a la diversidad, a la libertad de creencia, de pensamiento y de religión, a la seguridad, a la vida y a la libertad, entre otros, y no en una moral que se esgrime bajo dogmas metajurídicos.

Infaustamente, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva llega a través de un procedimiento que resulta turbio, respecto a lo que marcan los Principios de París, sin atender al perfil necesario para sacar adelante las agendas en la materia. El Senado de la República no le dio a México un Ombudsman al servicio de los derechos humanos todos, nos dio un personaje producto de un acuerdo de intereses cruzados que atendió a los equilibrios de poder entre los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Realmente el papel de la CNDH tanto en el Examen Periódico Universal como en las recientes resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pasado de noche.

Fue justamente el actual presidente de la CNDH el que nos anunció que entre su gestión y la anterior sólo existirá una diferencia de edad de su titular. El día de hoy, este Congreso de la Unión recibirá el tradicional Informe de Actividades de la CNDH tal como lo establece el Artículo 102 de la Constitución Política que nos rige y que seguramente mostrará, dado el continuismo anunciado, una descripción de la realidad en varios sentidos diferente a la que se lee y discute diariamente en la opinión pública. Como mundos aparte están las políticas públicas del gobierno, especialmente la de seguridad pública, y la de los derechos humanos, bajo una falsa noción de que son excluyentes.

Es necesario que este legislativo intervenga de manera más contundente ante esta costosa disyuntiva en términos de vidas humanas, que perjudica el ambiente de cohesión social que se precisa para apuntalar el desarrollo socioeconómico que las nuevas generaciones exigen. Como lo vimos hace una semana y lo veremos el día de hoy, estos rituales son todo menos un ejercicio de diálogo democrático. Por supuesto que esto necesita de enormes dosis de voluntad política para dejar atrás la discordia y los diálogos de sordos. Las comparecencias son oportunidades que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar.

La falta de oportunidad y la desatención en materia de Derechos humanos son demasiados y muy graves para que el titular de la Comisión Nacional no dé la cara ante ellos. Las mujeres de este país, que no renunciaremos al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, estamos amenazadas por 18 leyes estatales que nos criminalizan y que son producto de un milagro legislativo; porque son idénticas y salieron casi juntas, como inspiradas por un solo espíritu conservador. Incluso algunas mujeres son acusadas y están presas por negarse a tener el producto de una violación, sin que la CNDH haga nada para evitar que sean tratadas como delincuentes por decidir sobre su cuerpo. Y hoy la CNDH sigue siendo indolente y omisa ante el tema porque no ha realizado gestiones y recomendaciones concretas para liberar a las mujeres que están presas por tal motivo en distintas prisiones del país.

Se hace necesario cambiar el formato de estos actos de lucimiento del presidente de la CNDH ante la Comisión Permanente, pues ya resultan ridículos e insostenibles ante la necesidad de presionar a esa Comisión para que haga su trabajo. Hoy tendría que decirnos el Dr. Raúl Plascencia en forma muy concreta cuándo piensa interponer la acción de inconstitucionalidad por estas reformas contrarias a la libertad de las mujeres y para subsanar y revertir la aberración de Demanda de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de mayo de 2007 (en la que se reclama la reforma a los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, la adición del tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y la adición del artículo 16 Bis 8 a la Ley de Salud para el Distrito Federal, realizadas mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007).

La tibieza de la gris gestión realizada por el Dr. Raúl Plascencia, obliga a replantearnos la relación que desde el legislativo deberemos tener con la actual administración de la CNDH. Baste recordar que han pasado ya cerca de 70 días desde que Dr. Plascencia tomó posesión de su encargo y no se ha dignado aún a salir en defensa de la laicidad del Estado mexicano, ni mucho menos a señalar a las autoridades su omisión ante los ataques basados en la homo-lesbofobia. ¿Si no es en estas comparecencias en dónde reportará qué está él esperando?¿por qué guarda lo que se adivina como complicidad silenciosa?

La autoridad moral que mueve la figura del Ombudsman no se adquiere fuera del marco del Estado laico, ni se consigue con su acercamiento con los partidos políticos. Sin autoridad moral, un Ombudsman no significa nada, porque la requiere para enfrentar violaciones a los derechos humanos como las que abundan en el país y en la CNDH persiste un enorme déficit de credibilidad

Uno de los pocos compromisos hechos por el Dr. Plascencia fue que “en 100 días, la CNDH quedaría modernizada gracias a cinco líneas de acción, nueve áreas temáticas y 35 acciones concretas”. Ya casi se cumple el plazo y no se ven los avances, más allá de que piensa inventar un país donde prevalecerá la cultura de la legalidad a partir de realizar un foro para exigir a las personas el cumplimiento de sus deberes.

No se ve nada concreto acerca de cómo su “prometida modernidad” contribuirá a garantizar la exigibilidad de los derechos. Como tampoco se vislumbra la intención del Presidente de la CNDH para abordar la impunidad con que actúa el gobierno y las prácticas institucionales que favorecen la violación de los derechos humanos

Sin negar el necesario fortalecimiento de una cultura democrática en la que el cumplimiento de los deberes ciudadanos sea central, no se puede caer en la ingenuidad de ver esto de manera tan parcial como el de su planteamiento. Se necesita actuar también con otros recursos, además del educativo en las aulas o talleres a servidores públicos, que permitan incidir en la aplicación de las políticas públicas del Ejecutivo, de las políticas en los medios de comunicación y de ser forzoso, con sanciones ejemplares. Esa es la mejor educación, la que se verifica en la práctica, en donde se pueda efectivamente corregir la profunda impunidad que impera.

Hasta el momento, el titular sólo ha planteado el recurrir solo a una solución educativa, que sin duda es fundamental, pero que es de mediano o largo plazo, cuando lo que se requiere es de actuar ya aquí y ahora contra quienes rebasen el marco que las leyes mexicanas dictan. Se necesita aplicar el debido proceso de manera efectiva y hasta el momento no se augura mucho de la CNDH en ese sentido.

Es necesario poder decirle a la cara al actual titular de la CNDH que: Cuando las personas observen un poder del Estado suficiente para hacer cumplir la ley, capaz de castigar la muerte de 49 niños en una guardería y con la valentía de investigar las cerca de 15 mil muertes por una guerra donde lo que vale es la aplicación indebida del fuero. Cuando la sociedad deje de observar como mueren sus periodistas, y la adolescencia y la juventud no sean tratadas como delincuentes sin que se le demuestre lo contrario. Cuando los pueblos y comunidades indígenas dejen de vivir los estragos que aniquilan sus tierras y su agua y cuando las familias jornaleras tengan derechos, entonces, cuando tengamos un Estado y una sociedad así, será más prudente demandar su “carta de deberes de las personas”. ¿además de estas líneas en dónde se lo decimos?

Un aspecto que no puede pasar inadvertido es el que se refiere a los límites de la autonomía de entidades como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En principio, toca a su Consejo Consultivo desempeñar el papel de autocontrol de las acciones que realiza toda la institución, además de su propio Órgano Interno de Control, pero el exceso de recursos presupuestales que le caracterizan y que se le han venido destinando a la CNDH en comparación con los resultados que arroja, es sustantivo.

Por ello, este legislativo es uno de los mecanismos que coadyuvan a complementar esta rendición de cuentas necesaria desde la ciudadanía y, por lo mismo, la oportunidad de aprovechar al máximo el encuentro de presentación de informes, que son ejercicios de cara a la Nación, deben ser revisados para lograr que efectivamente resulten en una actividad productiva para la defensa y promoción de los derechos humanos.

Por supuesto que en dicho ritual no pueden quedarse afuera ni las propias comisiones de derechos humanos de ambas cámaras ni la incidencia del trabajo del abanico de organizaciones sociales y observatorios ciudadanos que hoy se gestan en todo el país. Para erradicar que las comparecencias, informes y reuniones de trabajo entre el legislativo y la CNDH sean sólo un formato con esclerosis política, es necesario discutir y acordar el tipo de información que se precisa tener a la mano de manera previa, el trabajo para su análisis que incluya a dichas organizaciones, un seguimiento de los avances presupuestales respecto a las líneas de trabajo y quizá no una sino varias sesiones temáticas con el Presidente de la CNDH, cada una de las visitadurías e incluso con su Consejo Consultivo.

La grave situación de los derechos humanos no se resuelve con declaraciones tan fuera de contexto como la idea del Dr. Plascencia de hacer un nuevo diagnóstico de la situación de los derechos humanos, cuando nada ha cambiado desde 2003. Más bien ha empeorado por la falta de actuación de la CNDH, toda vez que para el país es claro que 2009 fue el peor de los años en materia de derechos humanos y que ante las maniobras poco transparentes del Gobierno Federal para extender una invitación a los relatores especiales de las Naciones Unidas, a la CNDH sólo se le ocurre ponerse a inventar su mundo aparte.

Hace unos días se presentaron los informes de Human Rights Watch y de Aministía Internacional. Sin duda ambos podrán ayudarle al titular de la CNDH a darse una buena idea del asunto. Y si no lo logra, puede contribuir a exhortar al gobierno federal que se permita invitar de manera inmediata al Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de Naciones Unidas, Philip Alston, a efecto de que coadyuve a tener cuanto antes un panorama más creíble de la situación que guarda el país en esta materia. O bien a solicitar se precise la fecha en que será invitada la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.

Por ello, es necesario que el Presidente de la CNDH aprenda de una vez por todas que los Derechos Humanos son algo más que un mero concepto mediático, diplomático o administrativo. Son la clave civilizatoria y fundamento ético en cualquier latitud del planeta, en cualquier idioma, para todos los pueblos y en cualquier momento. Por el bien del país con gusto le explico al encargando de esa gestión Los Derechos Humanos son la forma actual en que nos comprendemos como humanidad toda, la manera más acabada en que los Estados se relacionan y conforman una comunidad de culturas diversas, donde comprometen un conjunto de acuerdos para garantizar los derechos encaminados a reconocer que la dignidad de todas las personas, y es necesario subrayar TODAS es decir, sin discriminación, serán incluidas en un desarrollo con igualdad y libertades.

La obligada política de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos que se le destinan a la CNDH, requiere de una intervención más activa de su Consejo Consultivo y del mismo legislativo. Por ello la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitó el 5 de noviembre pasado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el marco del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, se dictara realizar una auditoría de desempeño a la CNDH, con el fin de verificar de manera confiable, la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas institucionales.

Es evidente que los cuantiosos recursos presupuestales no tienen correspondencia con los resultados que la actual CNDH está dando, por ello estaremos defendiendo que el presupuesto de la CNDH no crezca si no se verifican resultados concretos, con la correspondiente rendición de cuentas, enmarcadas en acciones probadas contra la persistente amenaza de la esclavitud, ahora en forma de trata de personas, el reclamo de no cerrar los ojos ante la tortura (cuyo informe internacional también se está escondiendo a la mirada ciudadana). Y para que la exigencia y las acciones de la CNDH demuestren su compromiso para acabar con la discriminación racial, étnica, de género, por discapacidad, preferencia sexual, identidad sexo-genérica y por muchas otras formas conexas de intolerancia, como las persecuciones, maltrato e incitaciones al odio.

Los Derechos Humanos son el recordatorio de que nadie le pertenece a nadie y que cada quien puede decidir sobre su propio cuerpo y fincar su proyecto de vida con la seguridad de inscribirse en un Estado laico, democrático y realmente garantista: esa fue la aspiración declarada en el siglo XX y ese es el compromiso a cumplir en los albores de este. No hay escapatoria, ahora la comunidad internacional reclama cuentas a los Estados, pero sobre todo, la sociedad mexicana exige resultados. Quienes dedicamos nuestro quehacer a su defensa requerimos de todos los mecanismos posibles para ello.

Por lo antes expuesto, me permito proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar a la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras se revise a la brevedad y de manera conjunta, el formato del Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es presentado año con año a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que el se conviertan en un ejercicio incluyente y de efectiva rendición de cuentas ante la Nación.

Dado en el Salón Legisladores de la República, a 27 de enero de 2009

Dip. Enoé M. Uranga Muñoz

Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró que "lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos...” La frase completa que usó este violador de la ley  fue: “Tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo… esto no lo digo yo, sino San Pablo”.
¿La dignidad del cuerpo? Dignificar al cuerpo es conocerlo y reconocerlo. Cuidarlo.  Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. Un cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos: bien alimentado, bien dormido, bien cuidado y bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura de que ello es claro para todas y todos quienes tienen, como yo, la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor.
¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana yo sí me declaro culpable de lo que corresponda, me declaro culpable de amar, me declaro culpable de no estar dispuesta a dejar mi amor para otro siglo: no puedo, no quiero.
Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi laico placer.
Me declaro culpable de gozar y tener mis propios paraísos.
Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho, que ninguno de los universos a los que ya he ido y ninguno de los cielos a los que desde luego iré, serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido boleto VIP para alzar el vuelo. ¡Desde luego que no!!!
¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas??? ¿Al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, quien no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes Nazis? ¿Al cielo de donde fueron excomulgados Hidalgo, Morelos, y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron y asesinaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas sobre la infinitud del universo? ¿¿Quién quiere ir a un cielo sin Leonardo Da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Kahlo, sin Albert Einstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje, un cielo sin Marcel Marceau???  ¿De qué sirve ir a un cielo donde no se pueda reír?? dijo Lutero.
No sé si fuera verdad que como Lozano Barragán, el llamado “San Pablo” tuviera línea directa para hablar con dios o si fueran efectos de su conocida y severa sífilis los que le impulsaban (en caso de que sea cierto) a hacer tales afirmaciones, pero ojo diputados, porque esa misma “condena” -elemento que por lo demás no tiene nada de científico, de ético o legal, áreas en las que la convicción es: que lo que sucede cuando te mueres (aunque te llames Norberto o te apellides Lewinski) es que te mueres-. Esa “condena de no ir al cielo” aplica también y con toda puntualidad a los adúlteros y a los borrachos.
Se decreta que: “Las chicas buenas se van al cielo” ¡Qué su dios las cuide de los miles de curas acusados de violación, abuso y pederastia que (de existir) ya viven en ese cielo y de los miles que llegarán luego que su dios les llame a esa gloria!!! Las chicas buenas se van al cielo -qué su dios las cuide- … ¡las otras vamos a todos lados!
Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestros placeres y desde luego nuestros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil. Las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que “si la mujer no está, la democracia no va”.
Quienes creemos en que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el mejor valor de la sociedad está en su diversidad. Quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos, donde no tiene cabida la imposición absurda de “verdades únicas e incuestionables”, somos innumerables, quienes estamos comprometidos en esta idea de país, sin importar cual sea nuestra preferencia sexual.
Y hablo de los seres humanos, creyentes o no, que sabemos que elegir forma de vida es un derecho humano incuestionable, de aquellos que daremos la vida por defender y fortalecer el Estado Laico. Para que las mujeres y hombres del mañana se avergüencen de este presente (su pasado) en el que es aceptable la mortalidad materna en las comunidades indígenas, porque “si eres india no tienes alma” y debes ganarla a costa del sacrificio de no tener acceso a información objetiva y recursos que te permitan evitar la ya sabida condena aprendida de voz directa del cura del pueblo: “tu destino es tener los hijos que dios te mande”, aunque todos se mueran de hambre. De este presente donde es aceptable legalizar que si eres mujer tu destino es ser madre, así sea porque te violen; que si tienes una discapacidad seas objeto de compasión y se asuma que quien tiene un daño eres tú y no este país que no está diseñado para incluirte; o una política donde se argumenta (incluso en los debates legislativos) que si eres homosexual, eres “menos hombre”.
“Sea hombrecito”, “no se esconda en las faldas de las mujeres”, se ha gritado en esta tribuna desde el fundamentalismo vestido de izquierda. “Puto” se le canta a Calderón para descalificarlo. “Maricones” les dice la derecha a quienes se han aliado con la propia derecha.
Todos agravios violadores de la ley, todos discriminadores, todos ignorantes.
¿Qué estatura de hombre se requiere para ser abiertamente gay en un país en el que se te puede asesinar impunemente por ello? ¿Cuán “hombrecito” es quien profiere insultos homofóbicos desde el anonimato de las curules y en el amparo del fuero?
Es la iglesia. Es la herencia del sometimiento y genocidio de sociedades en la que esa institución se ha sostenido. Su poder -muy terrenal- depende de controlar las conciencias, de manipular a las sociedades desde sus relaciones políticas, mafiosas, de hacer vivir en la ignorancia y el miedo a los pueblos.
Las exhortaciones al odio construidas desde la iglesia católica auto-encargada de fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva. La misma Iglesia gestora, a lo largo de XX siglos, de guerras sangrientas, crímenes de Estado y del retroceso científico y cultural de la humanidad que motivaron que Borges dijera: “El infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego”.
Quisiera que se entienda que no es mi intención ofender una fe o creencias. Tengo (como la mayoría de los católicos mexicanos) la convicción de que su espiritualidad va más allá de lo que dicte un mal intencionado político religioso. Políticos del Vaticano, como Barragán y Ratzinger (ambos voceros de ¿dios? por poder propio), tienen en su historial actos en los que ha quedado en entredicho su honestidad y compromiso con la vida. Han sido omisos, encubridores y cómplices de diversos delitos y delincuentes. Pero, independientemente de ello, ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país.
Por enésima vez, y por encima de la ley, la iglesia Romana pretende controlar el cuerpo de las personas, manipular las conciencias a través de la amenaza inasible de la condena divina. Espero que en esta ocasión para esta soberanía sea claro que no será el representante de un estado injerencista el que me venga a insultar y amenazar impunemente en territorio mexicano.
No está de más señalar que la homofobia es una enfermedad que tiende a padecer continuamente la alta jerarquía y gran parte del clero católico y que debe ser tratable, ya que afecta los derechos de terceros. En lo que se refiere a los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, los cuales tienen como característica ser universales, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, inviolables e intransferibles, de manera que su ataque repercute en los demás aspectos de la vida de las personas, a quienes les toca determinar libremente su preferencia sin ser molestados en su privacidad, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros.
El clero quiere destruir nuestra cultura laica y cuenta con cómplices en la política institucional: ahí están las quemas de libros en Guanajuato, lideradas por diputados con el silencio complaciente del ejecutivo local y federal. Ante los ataques sistemáticos de que es objeto el Estado Laico (empezando por las vergonzosas declaraciones hechas por el propio Presidente de la República), no nos sorprendamos de la pretensión ya anunciada de que esos dogmas sean trasladados al terreno de las leyes como en el pasado. La consigna de presionar al jefe del Ejecutivo para que éste quebrante el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias y asigne privilegios y poder indebidos a la jerarquía católica, es un asunto que no se debe perder de vista. Es inadmisible que el Gobierno federal permanezca pasivo ante las declaraciones del legado papal.
No permitamos que usen su basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastornar el fortalecimiento del Estado Laico. La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero al que este señor sirve, como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano que es el que nos estructura y, por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo de México.
Dicha declaración no es un acto aislado ni fortuito, sino que responde a una embestida, claramente planteada desde el Estado Vaticano y que tiene por objeto controlar al mayor número de gobiernos de la región, sojuzgando a quienes se aparten de sus dogmas fundamentalistas y preceptos eclesiásticos, pues su poder depende del control de cuerpos y mentes, y ello atenta contra la dignidad de las personas.
Así, el control sobre las libertades de las personas finalmente esconde una disputa del poder al Estado mexicano, quien históricamente ha sido objeto de los intereses económicos y políticos del Estado Vaticano. Es necesaria la firmeza que le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para mantener las relaciones con las distintas asociaciones religiosas en un comportamiento dentro del marco de respeto a los derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación debe hacer un apercibimiento o aplicar la sanción correspondiente ante estas intromisiones en los asuntos internos del país por parte de estos representantes del Estado Vaticano, que constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución Política y un desafío al Estado laico.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Propuesta con
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Se requiere a la Presidencia de la República demande públicamente a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y en particular, a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el Principio de Laicidad que rige al Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica alguna; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.
SEGUNDO.- Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley, e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor a los treinta días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.
Dado en el Salón de sesiones, a 08 de diciembre de 2009

Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz